Borràs no dejará su acta en el Congreso hasta el 14-F para que su causa no vaya a un juzgado ordinario

La candidata de Junts per Catalunya a las próximas elecciones catalanas, Laura Borràs, mantendrá su escaño en el Congreso de los Diputados hasta que resulte elegida diputada en el Parlament el 14 de febrero. El retraso en la renuncia de su escaño persigue no perder el aforamiento que tienen los diputados. OKDIARIO avanzó en julio su intención de concurrir en las elecciones catalanas para dilatar su procedimiento judicial.

Borràs quiere continuar siendo aforada para que la causa contra ella por varios delitos de corrupción, que en la actualidad instruye el Tribunal Supremo, no vaya a parar a un juzgado ordinario. La política independentista teme que en sin el privilegio del aforamiento tiene más posibilidades de resultar condenada.

Así pues, al no renunciar al puesto que ocupa en el hemiciclo de la Carrera de San  Jerónimo, Laura Borràs no perderá su condición de aforada ya que, cuando renuncie a su puesto actual, ya habrá sido elegida diputada en el Parlamento catalán. Su causa pasará del Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Como el Alto Tribunal todavía no ha finalizado la instrucción contra ella, aunque ya le tomó declaración en calidad de investigada tras la autorización preceptiva de una mayoría del Congreso de los Diputados, cuando el Supremo traspase la documentación al Tribunal Superior de Justicia cde Cataluña, éste tendrá que volver a empezar la causa de cero, lo que retrasa casi un año y medio más la celebración del juicio oral.

Ya se despidió del Congreso

En el último pleno antes de las vacaciones de Navidad, el que se celebró el pasado miércoles, Laura Borràs ya se despidió de los 350 diputados con los que ha compartido los últimos meses, lo que evidencia que raramente volverá a pisar el Congreso para centrarse en la campaña de las elecciones catalanas. Pero, aún así, la actual portavoz separatista en la Cámara Baja continuará cobrando de todos los españoles un par de meses más, aunque no ejercerá sus funciones.

Como portavoz de la formación separatista en el Congreso, la ex consejera de Cultura del Govern de Quim Torra ingresa más de 6.000 euros netos mensuales. Una cantidad que seguirá percibiendo y en la que se incluyen dietas por representación y asistencia a plenos, a pesar de que no va a participar en ellos de aquí a las elecciones del próximo 14 de febrero.

De momento, a la espera que haga oficial su renuncia en febrero, se desconoce quién la sustituirá en el Congreso. Los siguientes tres nombres de la lista, el actual diputado Francesc de Dalmases -con quien Borràs mantiene una relación muy íntima- y la periodista deportiva Pilar Calvo, también son candidatos a las elecciones catalanas. Josep Pagés, por su parte, está siendo investigado en relación a su papel en la sindicatura electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Ganó las primarias

Borràs, que hasta hace tres años era una auténtica desconocida en la política catalana y española, pese a dirigir una institución ligada al gobierno regional en Cataluña, cargo por el cual está procesada por la justicia por haber otorgado a dedo varios contratos a un amigo suyo, se impuso en las primarias de Junts per Catalunya que se celebraron este mes de diciembre. La portavoz de JXCat en el Congreso consiguió más del 70% de los votos, derrotando al consejero de Territorio Damià Calvet.

En el extremo más radicalizado de la formación que preside Carles Puigdemont, hay quien dice que es más radical que incluso el ex presidente de la Generalitat Quim Torra, Borràs representa un sector del independentismo desacomplejado y que opta por la ruptura en seco con el Estado y la desobediencia institucional y civil como vía para lograr la independencia. De sus discursos se desprende también su deseo de volver a la vía unilateral.

Le imputan cuatro delitos

El horizonte judicial que tiene Laura Borràs, defendida por el abogado Gonzalo Boye, que cumplió condena por su colaboración con la banda terrorista ETA, no es precisamente halagüeño. Contra la política catalana pesa la acusación de un total de cuatro delitos: prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Los Mossos d’Esquadra, que registraron el Institut de les Lletres Catalanes  y el despacho de la entonces consellera de Cultura, investigan el desvío de un toral de 259.863 euros a través de contratos menores, sin anuncio ni pliego de condiciones, que Borràs habría otorgado a dedo a un amigo suyo. Ambos, según los investigadores, habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.